Una opinión acerca del IRPH-VPO

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IRPH-VPO

Cláusula de IRPH supera control de transparencia y abusividad en préstamo hipotecario de vivienda de protección oficial (VPO)

En la última entrada nos preguntábamos cómo era posible que el Tribunal Supremo resolviera una serie de recursos de casación afirmando que, en la contratación de préstamos hipotecarios con cláusula IRPH, hubo falta de transparencia pero no abusividad por parte de la banca. Esto termina por establecer una peligrosa jurisprudencia, que somete la tutela pretendida por el consumidor a una serie de juicios o filtros excesivos para ver estimada su pretensión. En definitiva, para obtener la protección jurídica que merece la parte débil en la contratación.

Sin embargo, en el caso que hoy nos ocupa, la situación es muy diferente. La nulidad de la cláusula IRPH incorporada al contrato se fundamentó, vía recurso ante el Alto Tribunal, en parámetros muy distintos. Y si en la anterior entrada nos tocó maltratar al Tribunal Supremo, ahora, hemos de decir que no merece reproche alguno sobre el punto que analizaremos a continuación.

La nulidad basada en la falta de transparencia se fundamentó sobre la base de que el consumidor no fue advertido de los diferentes tipos de financiación (concretamente, sobre la posibilidad de contratar el préstamo con arreglo a otro índice de referencia), siendo así que, si esa fue la obligación incumplida por la banca, el Tribunal Supremo nos aclara que tal obligación no existe. Y es que dentro de la contratación, al igual que el consumidor, la banca tiene el legítimo derecho a velar por sus intereses, con arreglo a la buena fe y manteniendo el equilibrio entre las partes. Por lo que no está obligada a asesorar sobre distintos tipos de financiación, habida cuenta que, si se ofrece la suficiente información -esto es: evolución sobre el índice IRPH, implicaciones y riesgos relativos a contratar ese índice, etc…- el banco no tiene por qué prestar una asesoría integral.

La asesoría reclamada por el consumidor, en este caso, se enmarca mejor, a nuestro juicio, con arreglo al deber de lealtad. El deber de asesoramiento opera con más amplitud en la Ley de Mercado de Valores (LMV), reguladora, entre otras cosas, de productos financieros complejos. Es ahí donde la banca tiene una obligación de asesoramiento más amplia fundamentada en el principio de lealtad. En definitiva, en el caso concreto que nos ocupa, no es extensible el grado de asesoramiento -altísimo- hacia el consumidor que la banca tiene impuesto como deber en el marco de los productos complejos -fundamentado en el principio de lealtad-, con el exigible en las relaciones entre banca y consumidor para productos no complejos -fundamentado en el principio de buena fe y equilibrio entre las partes-.

Hemos desarrollado la entrada únicamente sobre uno de sus puntos argumentales, puesto que ya nos hemos pronunciado sobre los demás, de forma tajante, y siempre sobre nuestra discutible opinión, en la anterior entrada que aprovechamos para enlazar La bomba del Supremo: sí opacidad, no abusividad

 

En Santiago de Compostela a 11 de noviembre de 2020

Aleidas abogados: abogados Galicia

Manuel Yugueros abogado

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